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SUNAT · Informe

Informe N.° 66-2024-SUNAT/7T0000 Alcances de la Convención para homologar el tratamiento impositiv o previsto en los CDI suscritos entre los estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

Impuesto a la Renta Emitido: 6 de septiembre de 2024 Publicado por SUNAT: 10 de septiembre de 2024

La respuesta de SUNAT

En el marco de la Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los Convenios para evitar la doble imposición suscritos entre los estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, tratándose de fondos de pensiones reconocidos como tales por su legislación doméstica, que tienen la condición de residentes fiscales en México, Chile o Colombia y que han obtenido ganancias de capital producto de la enajenación de acciones representativas de capital emitidas por sociedades constituidas en Perú, realizada a través de un mecanismo centralizado de negociación local, siendo que, la operación es liquidada en efectivo por una Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV) constituida en Perú:

1. No están sujetas a la retención del impuesto a la renta peruano las ganancias de capital obtenidas por dichos fondos por la enajenación de tales acciones.

2. Para efectos de suspender las retenciones del impuesto a la renta por las ganancias provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de sociedades constituidas en Perú obtenidas por fondos de pensiones reconocidos de Chile, México y Colombia, realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del Mercado integrado Latinoamericano (MILA) será exigible que los referidos fondos presenten ante la ICLV el certificado de residencia emitido por la administración tributaria de su respectivo país que acredite su domicilio fiscal en este, aun cuando el fondo de pensiones acredite que forma parte del sistema previsional de su país de origen bajo la normativa regulatoria aplicable.

3. Las disposiciones establecidas en el artículo 6 de la Convención, así como las previstas en el artículo 6 del Protocolo con Colombia, no son aplicables a la enajenación de acciones de inversión emitidas por empresas peruanas listadas y negociadas en mecanismos centralizados de negociación.

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El informe completo

INFORME N.º 000066-2024-SUNAT/7T0000

ASUNTO: Consulta institucional sobre el sentido y alcance de las normas tributarias.

LUGAR: Lima, 06 de septiembre de 2024

MATERIA

Se plantea el supuesto de fondos de pensiones reconocidos como tales por su legislación doméstica, que tienen la condición de residentes fiscales en México, Chile o Colombia y que han obtenido ganancias de capital producto de la enajenación de acciones representativas de capital emitidas por sociedades constituidas en Perú, realizada a través de un mecanismo centralizado de negociación local, siendo que, la operación es liquidada en efectivo por una Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV) constituida en Perú.

Al respecto, en el marco de la Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los Convenios para evitar la doble imposición suscritos entre los estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, se formulan las siguientes consultas:

1. ¿Se encuentran sujetas a la retención del impuesto a la renta peruano las ganancias de capital obtenidas por dichos fondos de pensiones por la enajenación de tales acciones?

2. En caso de ser negativa la respuesta a la consulta anterior, ¿para efectos de que proceda la suspensión de la referida retención por parte de la ICLV, bastará que el fondo de pensiones acredite ante dicha institución que califica como un “fondo de pensiones reconocido” por la legislación de México, Chile o Colombia, o será exigible que el referido fondo presente ante la ICLV un certificado de residencia emitido por la administración tributaria de su respectiva jurisdicción en el que se acredite su domicilio fiscal, incluso si el fondo de pensiones acredita que forma parte del sistema previsional de su país de origen bajo la normativa regulatoria aplicable?

3. ¿Las disposiciones establecidas en el artículo 6 de la mencionada convención, así como las previstas en el artículo 6 de su anexo I también son aplicables a la enajenación de acciones de inversión emitidas por sociedades peruanas listadas y negociadas en mecanismos centralizados de negociación?

BASE LEGAL

- Convenio entre la República del Perú y la República de Chile para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio; suscrito el 8.6.2001, aprobado mediante resolución legislativa n.º 27905(1), ratificado por decreto supremo n.º 005-2003-RE(2) y Protocolo Modificatorio(3) (en adelante, CDI Perú-Chile).

- Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la Doble Tributación y para prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la Renta y su Protocolo; suscrito el 27.4.2011, aprobado mediante resolución legislativa n.º 30144(4) y ratificado por el decreto supremo n.º 003-2014-RE(5) (en adelante, CDI Perú-México).

- Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; suscrita el 14.10.2017, aprobada mediante resolución legislativa n.º 31580(6), ratificada por el decreto supremo n.º 050-2022-RE(7) y aplicable desde el 1.1.2024(en adelante, “la Convención”).

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el decreto supremo n.º 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en adelante, LIR).

- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el decreto supremo n.º 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias (en adelante, reglamento de la LIR).

- Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el decreto supremo n.º 020-2023-EF, publicado el 10.2.2023 (en adelante, Ley del Mercado de Valores).

- Ley n.º 27287, Ley de Títulos Valores, publicada el 19.6.2000 y normas modificatorias.

ANÁLISIS

1. En cuanto a los alcances de la Convención respecto a Perú, cabe señalar que en aplicación de su artículo 1, esta: i) modifica los CDI que Perú tiene suscritos con Chile y México y sus protocolos vigentes; e, ii) incorpora la normativa respecto de los fondos de pensiones de Colombia y Perú a través de un Protocolo en el Anexo I de la Convención, titulado “Protocolo entre la República de Colombia y la República de Perú para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta que gravan las rentas obtenidas por los fondos de pensiones reconocidos” (en adelante, el Protocolo con Colombia).

Adicionalmente, de acuerdo con el citado artículo, los CDI suscritos por Perú con Chile y México, así como el Protocolo antes indicado, serán considerados para efectos de la Convención como “Convenios Cubiertos”.

Por su parte, los artículos 2 y 3 de la Convención prevén que a los efectos de los “Convenios Cubiertos”, el término “persona” también comprende a un fondo de pensiones reconocido de un Estado Contratante y la expresión “residente de un Estado Contratante” incluye también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o autoridades locales, así como también a un fondo de pensiones reconocido de ese Estado(8). En similar sentido, el artículo 4 del Protocolo con Colombia prevé que la expresión “residente de un Estado contratante” comprende únicamente a un fondo de pensiones reconocido.

Además, el artículo 4 de la Convención define al “fondo de pensiones reconocido de un Estado Contratante”, tratándose de Colombia, Perú, México y Chile, refiriéndose, para tal efecto, a la respectiva normativa que los regula o señalando las características que este debe cumplir para ser considerado como tal. De similar forma, el artículo 2 del Protocolo con Colombia define a “un fondo de pensiones reconocido” de un Estado Contratante en base a lo previsto en el citado artículo 4 de la Convención (subpárrafos 1.i y 1.ii, así como en los subpárrafos 2, 3 y 4 del párrafo A).

Por otro lado, en lo que concierne a los ingresos comprendidos en la Convención, el inciso d) del párrafo 2 de su artículo 9 señala que las disposiciones de esta se aplicarán en Perú, respecto a los impuestos sobre la renta que graven, entre otros, las ganancias de capital que se obtengan y a las cantidades que se paguen, acrediten o se contabilicen como gasto, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que la Convención entre en vigor.

A su vez, el párrafo 1 del artículo 6 de la Convención prevé que a los efectos del artículo sobre ganancias de capital establecido en los Convenios Cubiertos, las ganancias de capital obtenidas por un fondo de pensiones reconocido de un Estado Contratante provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de una sociedad que es residente de un Estado que es parte de la Convención realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del Mercado integrado Latinoamericano (MILA), solo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar(9).

Cabe indicar que disposiciones similares a los párrafos 1 y 2 del citado artículo 6 se han previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Protocolo con Colombia.

Como fluye de las disposiciones glosadas, tratándose de fondos de pensiones reconocidos de México, Chile o Colombia que obtengan ganancias provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de sociedades residentes en Perú, realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del MILA, la tributación será asignada al Estado de residencia de dichos fondos, esto es, al país donde están reconocidos (México, Chile o Colombia, según corresponda).

2. Con relación a la primera consulta, el segundo párrafo del artículo 6 de la LIR establece que, en caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior a que se refiere el inciso e) del artículo 7, el impuesto recae solo sobre las rentas gravadas de fuente peruana.

A su vez, el artículo 14 de la misma ley señala que son contribuyentes del impuesto, entre otros sujetos, las personas jurídicas; indicando en el inciso f) que, para efectos de dicha ley, se considera como tales, entre otras, a las entidades de cualquier naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier forma perciban renta de fuente peruana.

Al respecto, según el inciso h) del artículo 9 de la LIR, se considera rentas de fuente peruana, entre otras, las obtenidas por la enajenación de acciones representativas del capital, cuando las empresas o sociedades que las hayan emitido estén constituidas o establecidas en Perú.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 76 de la LIR prevé que las personas o entidades que paguen o acrediten a beneficiarios no domiciliados rentas de fuente peruana de cualquier naturaleza, deberán retener y abonar al fisco con carácter definitivo dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual, los impuestos a que se refieren los artículos 54 y 56(10) de esta ley, según sea el caso.

Adicionalmente, el inciso d) del artículo 71 de la misma ley dispone que son agentes de retención las ICLV o quienes ejerzan funciones similares, constituidas en el país, cuando efectúen la liquidación en efectivo en operaciones con instrumentos o valores mobiliarios.

Ahora bien, el inciso b) del citado artículo 76 establece que si quien paga o acredita tales rentas es una ICLV o quien ejerza funciones similares, constituida en el país, tratándose de rentas de segunda categoría originadas, entre otros, por la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2 de esta Ley -entre los que se encuentran las acciones representativas del capital de sociedades constituidas en Perú-, la retención deberá efectuarse en el momento en que se realice la compensación y liquidación de efectivo.

Así pues, de acuerdo con la normativa peruana que regula el impuesto a la renta, los fondos de pensiones del exterior que obtengan rentas provenientes de la enajenación de acciones emitidas por sociedades constituidas en Perú, serán considerados contribuyentes del impuesto a la renta en Perú en su calidad de personas jurídicas(11), por lo que dichas rentas se encontrarán gravadas con el referido impuesto y estarán sujetas a la retención a cargo de la ICLV o quien ejerza funciones similares, en el momento en que se efectúe la compensación y liquidación de efectivo.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, toda vez que como se ha señalado en el numeral 1 del presente análisis, las ganancias de capital obtenidas por los fondos de pensiones reconocidos de México, Chile o Colombia provenientes de la enajenación de acciones de sociedades residentes en Perú, realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del MILA, tributan en el Estado de residencia de tales fondos, estos no están gravados con el impuesto a la renta peruano y, por ende, no están sujetos a la retención de dicho impuesto.

3. En lo que concierne a la segunda consulta, como se desprende de lo afirmado en el numeral anterior, las ICLV constituidas en el país están obligadas a retener el impuesto a la renta correspondiente a los fondos de pensiones no domiciliados por las ganancias de capital que perciban por la enajenación de acciones representativas del capital de sociedades constituidas en Perú.

No obstante, el numeral 3 del artículo 39-A del reglamento de la LIR señala que los sujetos a los que no corresponda efectuar el pago del impuesto a la renta en Perú, por estar domiciliados en un país con el cual se hubiera celebrado un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal (CDI), deberán comunicar este hecho a las ICLV, a fin que no efectúen la retención, siendo que, la referida comunicación deberá efectuarse a través de las sociedades agentes de bolsa u otros participantes, dentro del plazo establecido para la liquidación de la operación, entregando copia del certificado de residencia correspondiente.

Al respecto, es preciso mencionar que según el primer y segundo párrafos del artículo 2 del decreto supremo n.º 090-2008-EF(12), el certificado de residencia emitido por la entidad competente de un Estado con el cual Perú ha celebrado un CDI, tiene por finalidad acreditar la calidad de residente en ese Estado a fin de poder hacer uso de los beneficios contemplados en el CDI; y, el agente de retención del impuesto a la renta por rentas pagadas o acreditadas a sujetos residentes en un Estado con el cual Perú ha celebrado un CDI, deberá sustentar el otorgamiento de beneficios previstos en el CDI únicamente con el certificado de residencia entregado por el sujeto residente en ese Estado, el cual deberá ser emitido por la entidad competente de dicho Estado(13).

En ese sentido, procede la suspensión de la retención del impuesto a la renta respecto de fondos de pensiones constituidos en el exterior, que perciben rentas provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de sociedades domiciliadas, siempre que dichos fondos residan en un país con el cual Perú haya celebrado un CDI, lo cual deben acreditar con la entrega a la ICLV de una copia del certificado de residencia emitido por la entidad competente del referido país.

Teniendo en consideración lo antes señalado, corresponde determinar la naturaleza jurídica de la Convención(es decir, si esta califica o no como un CDI) a efectos de dilucidar si los fondos de pensiones que según esta se consideran residentes en Chile, México y Colombia que obtienen rentas por la enajenación de acciones representativas de capital emitidas por sociedades constituidas en Perú, realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del MILA, deben presentar a las ICLV el respectivo certificado de residencia a fin de que estas últimas suspendan la retención del impuesto a la renta correspondiente a dichos fondos por la percepción de las referidas rentas de fuente peruana.

Al respecto, como se ha indicado en el numeral 1 del presente análisis, en lo que a Perú concierne, a partir de la vigencia de la Convención:

a) Se modifican los CDI suscritos por Perú con Chile y México, comprendiendo en su ámbito de aplicación a los fondos de pensiones reconocidos de dichos países, al incluirlos expresamente como “personas”(14) y “residentes de un Estado Contratante”, permitiendo de esa manera que gocen de los beneficios establecidos en dichos CDI, siendo que un fondo de pensiones reconocido de un Estado Contratante se considerará residente de ese Estado Contratante.

b) De otro lado, establece reglas de reparto de potestades tributarias para gravar, entre otros, las ganancias de capital obtenidas por los fondos de pensiones reconocidos de Colombia y Perú.

Adicionalmente, cabe indicar que, según el preámbulo de la Convención, el objetivo de esta es homologar el tratamiento impositivo de los ingresos obtenidos en los mercados financieros de las partes.

Sobre el particular, cabe traer a colación lo señalado por la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Informe n.º 204-2019-EF/61.01(15)(16): “la mayoría de los fondos de pensiones reconocidos de los países de la Alianza del Pacífico no califican como residentes para propósitos de los CDI por no ser contribuyentes del impuesto a la renta de conformidad con las normas tributarias del Estado donde han sido constituidos(17). Este es el caso de los fondos de pensiones de Chile, Colombia, México y Perú (fondos de pensiones del Sistema Privado de Fondos de Pensiones). Por lo señalado, las disposiciones de tales convenios no les son aplicables” (páginas 4 y 5).

Ahora bien, en lo que se refiere a los alcances de la Convención, resulta oportuno considerar lo señalado en la exposición de motivos del decreto supremo n.º 050- 2022-RE: “La Convención (…) constituye un tratado en términos del derecho internacional. (…) tiene por objeto enmendar los convenios para evitar la doble imposición y sus protocolos vigentes entre Chile, Colombia, México y Perú, como Estados que conforman la Alianza del Pacífico, específicamente en relación a los fondos de pensiones reconocidos de dichos países” (página 1, subrayado nuestro).

Además, respecto a lo que se considera un CDI, el MEF en la página 3 del citado informe n.º 204-2019-EF/61.01(18) ha indicado que:

“Los CDI son tratados internacionales que limitan las potestades tributarias de los Estados Contratantes a fin de eliminar la doble imposición internacional a la que se encuentran sujetas las rentas obtenidas por la realización de operaciones transnacionales.

En los CDIs los EC(19) pueden acordar que solo uno de ellos o ambos tengan la potestad de gravar determinada renta con el impuesto a la renta(…).

(…) los CDI no crean hechos imponibles. Por lo expuesto, si un Estado tiene potestad de gravar determinada renta de acuerdo con un CDI, este solo podrá hacerlo si su legislación interna contempla ello y bajo las reglas establecidas en la misma”.

Asimismo, en la página 2 de dicho informe se menciona que los equipos técnicos de los países de la Alianza del Pacífico (AP) acordaron lo siguiente:

“(i) (…) la finalidad de la homologación es lograr que en los Convenios para Evitar la Doble Imposición bilaterales suscritos entre los países de la Alianza del Pacífico el reparto de potestades tributarias para gravar las rentas de los residentes de dichos países obtenidas en los mercados de capitales sea similar.

(ii) Iniciar el trabajo de homologación con las rentas de los fondos de pensiones de los países de la AP (intereses y las rentas obtenidas por la enajenación de títulos de deuda y acciones, en este último caso cuando la enajenación se realice a través de una bolsa de valores que forme parte del Mercado Integrado Latinoamericano - MILA) por ser uno de los principales inversionistas institucionales.

(iii) Suscribir un tratado multilateral para modificar los CDIs bilaterales suscritos entre los países de la AP en vigor a fin de implementar los acuerdos alcanzados sobre el reparto de potestades tributarias para gravar las rentas obtenidas por los fondos de pensiones de los países de la AP previamente mencionadas” (subrayado nuestro).

Como se evidencia de lo anterior, la Convención es un tratado internacional que, tratándose de Perú, tiene una dinámica distinta en cuanto a las relaciones que existen en materia tributaria con Chile y México de aquella que mantiene con Colombia; pues:

c) De un lado, sus disposiciones modifican los CDI bilaterales suscritos con Chile y México, toda vez que introducen en sus alcances a los fondos de pensiones como “persona” y “residente en un Estado contratante”, señalando que tratándose, entre otros, de sus ganancias provenientes de la enajenación de acciones emitidas por sociedades residentes del otro Estado contratante, las mismas estarán gravadas en el país de residencia; por lo que, se puede afirmar que se trata de un “Protocolo Modificatorio”(20) de dichos CDI, vale decir que, forma parte de estos; mientras que,

d) De otro lado, establece reglas de reparto de potestades tributarias para gravar, entre otros, las ganancias de capital obtenidas por los fondos de pensiones reconocidos de Colombia y Perú; por lo que, se puede afirmar que respecto de Colombia tiene la naturaleza de un CDI(21).

Así pues, dado que la Convención por un lado forma parte de los CDI Perú-Chile y Perú-México y por el otro, el Protocolo con Colombia tiene la naturaleza de CDI, para efectos de suspender las retenciones del impuesto a la renta por las ganancias provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de sociedades constituidas en Perú obtenidas por fondos de pensiones reconocidos de Chile, México y Colombia, realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del MILA, será exigible que los referidos fondos presenten ante la ICLV el certificado de residencia emitido por la administración tributaria de su respectivo país que acredite su domicilio fiscal en este, aun cuando el fondo de pensiones acredite que forma parte del sistema previsional de su país bajo la normativa regulatoria aplicable.

4. En lo que concierne a la tercera consulta, como se ha indicado en el numeral 1 del presente análisis, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 6 de la Convención, así como las previstas en el artículo 6 del Protocolo con Colombia, las ganancias de capital obtenidas por un fondo de pensiones reconocido de México, Chile o Colombia provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de sociedades residentes en Perú, realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del MILA, solo pueden someterse a imposición en el Estado de residencia de dicho fondo.

Nótese que las ganancias de capital a que hacen referencia las disposiciones de la Convención y el Protocolo con Colombia son aquellas provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de una sociedad domiciliada en Perú, por lo que a efectos de establecer si tales disposiciones son aplicables a la enajenación de acciones de inversión emitidas por empresas peruanas listadas y negociadas en mecanismos centralizados de negociación, es necesario esclarecer si estas constituyen acciones representativas del capital de sociedades peruanas.

Al respecto, el artículo 3 de la Ley del Mercado de Valores establece que son valores mobiliarios aquellos emitidos en forma masiva y libremente negociables que confieren a sus titulares, entre otros, derechos de participación en el capital, el patrimonio o las utilidades del emisor.

En la misma línea, el artículo 255 de la Ley de Títulos Valores señala, entre otras disposiciones, que los valores mobiliarios: a) Son aquellos emitidos en forma masiva, con características homogéneas o no en cuanto a los derechos y obligaciones que representan, y que, las emisiones podrán estar agrupadas en clases y series; b) Son libremente negociables, en forma privada o mediante oferta pública a través de los mecanismos centralizados de negociación respectivos o fuera de ellos, observando la ley de la materia; y, c) Podrán conferir a sus titulares, entre otros, derechos dominiales o de participación en el capital, patrimonio o utilidades del emisor.

De otro lado, el artículo 257 de la Ley de Títulos Valores -contenido en el Título Segundo de dicha Ley, denominado: “De los valores representativos de derechos de participación”- dispone que la acción se emite solo en forma nominativa, es indivisible y representa la parte alícuota del capital de la sociedad autorizada a emitirla. Añade que, se emite en título o mediante anotación en cuenta y su contenido se rige por la ley de la materia.

Agrega el mismo artículo, que pueden emitirse también valores mobiliarios con la denominación de acciones que no representen el capital de sociedades sino alícuotas o alícuantas de cuentas o fondos patrimoniales distintos, en cuyo caso se regirán por las disposiciones especiales que les resulte aplicables.

Como se aprecia de las normas citadas, los valores mobiliarios son emitidos en forma masiva, libremente negociables y pueden conferir a sus titulares, entre otros, el derecho a participar en el capital, patrimonio o utilidades del emisor; mientras que, las acciones son un tipo de valores mobiliarios representativos de derechos de participación en:

i. Una alícuota del capital social de la empresa autorizada a emitirla, siendo que, su contenido se rige por la ley de la materia (en adelante, acciones representativas del capital de sociedades).

ii. Una alícuota de cuentas o fondos patrimoniales distintos al capital de las sociedades, en cuyo caso se regirán por las disposiciones especiales que les resulte aplicables.

En cuanto a las acciones representativas del capital de sociedades, estas se encuentran reguladas, entre otros, en los artículos 83 y 82 de la Ley General de Sociedades(22), según los cuales, las acciones se crean en el pacto social o posteriormente por acuerdo de la junta general; y, representan partes alícuotas del capital(23), todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, con la excepción prevista en el artículo 164 y las demás contempladas en esta Ley.

Ahora bien, la Quinta Disposición Final de la LGS precisa que para efecto de esta Ley en ningún caso el término acciones incluye a las acciones de trabajo, ni el término accionistas a los titulares de estas; vale decir que, las acciones de trabajo no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la LGS.

Siendo ello así, cabe indicar que el artículo 1 de la Ley n.º 27028, Ley que sustituye las acciones del trabajo por las acciones de inversión(24), señala que se denomina “acciones de inversión” a aquéllas emitidas por las empresas comprendidas dentro de los alcances del Decreto Legislativo n.º 677(25) y que tales acciones constituyen la “Cuenta Acciones de Inversión” en reemplazo de la “Cuenta Participación Patrimonial del Trabajo”.

Agrega el artículo 2 de la misma ley que la acción de inversión le atribuye a su titular los siguientes derechos:

a) Participar en la distribución de dividendos(26);

b) Mantener su proporción existente en la Cuenta Acciones de Inversión en caso de aumento del capital social por nuevos aportes;

c) Incrementar la Cuenta Acciones de Inversión por capitalización de cuentas patrimoniales;

d) Redimir sus acciones en cualquiera de los casos previstos por la presente ley; y,

e) Participar en la distribución del saldo del patrimonio, en caso de liquidación de la sociedad.

Por otro lado, los incisos a) y b) del primer párrafo del artículo 2 de la Ley n.º 28739, Ley que promueve el canje o redención de las acciones de inversión(27), definen, para efectos de dicha ley, salvo indicación en contrario, a las “acciones” y a las “acciones de inversión”, como conceptos independientes.

En efecto, el citado inciso a) indica que se entiende por acción, al bien mueble destinado a la circulación que representa una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima, que otorga a su propietario la calidad de accionista(28); mientras que, el referido inciso b) dispone que se entiende por acciones de inversión a las reguladas por Ley n.º 27028, siendo que, sus antecedentes fueron las acciones laborales, luego denominadas acciones de trabajo.

Respecto a este último punto, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en el informe n.º 1033-2024-SMV/06(29) ha señalado que:

“(…) las acciones de inversión fueron creadas, originalmente, como acciones laborales, en virtud de la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Ley N.° 21789, Ley de Comunidad Industrial del Sector Privado, con el propósito de que los trabajadores miembros de la Comunidad Industrial participaran en el patrimonio de la empresa. Estas acciones desde su creación constituyeron una cuenta Patrimonial de la empresa, denominada de «Acciones Laborales», la cual es distinta a la del capital social.

Luego, las acciones laborales pasaron a denominarse acciones del trabajo, en virtud de lo dispuesto en la Tercera Disposición Final y Transitoria del Decreto Legislativo N.° 677.

Posteriormente, mediante Ley N° 27028, se sustituyó el nombre de las acciones del trabajo por las de acciones de inversión y, se dispuso que éstas constituyeran la «Cuenta Acciones de Inversión»”.

Sobre la base de lo antes expuesto, se puede sostener que si bien, las acciones de inversión califican como valores mobiliarios(30), tienen una naturaleza jurídica distinta a la de las acciones representativas del capital de sociedades.

En efecto, tal como señala la SMV en el aludido informe, “las acciones de inversión no constituyen parte del capital social de la sociedad, sino del patrimonio —bajo la cuenta acciones de inversión—. Además, no confieren a su titular derechos políticos en la gestión de la empresa, sino únicamente derechos económicos”, por lo que “no resulta posible señalar que las acciones de inversión califican como acciones representativas de capital de sociedades”.

En consecuencia, toda vez que las disposiciones de la Convención y el Protocolo con Colombia se encuentran referidas a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de una sociedad peruana, se puede concluir que estas no son aplicables a la enajenación de acciones de inversión emitidas por empresas peruanas listadas y negociadas en mecanismos centralizados de negociación.

CONCLUSIONES

En el marco de la Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los Convenios para evitar la doble imposición suscritos entre los estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, tratándose de fondos de pensiones reconocidos como tales por su legislación doméstica, que tienen la condición de residentes fiscales en México, Chile o Colombia y que han obtenido ganancias de capital producto de la enajenación de acciones representativas de capital emitidas por sociedades constituidas en Perú, realizada a través de un mecanismo centralizado de negociación local, siendo que, la operación es liquidada en efectivo por una ICLV constituida en Perú:

1. No están sujetas a la retención del impuesto a la renta peruano las ganancias de capital obtenidas por dichos fondos por la enajenación de tales acciones.

2. Para efectos de suspender las retenciones del impuesto a la renta por las ganancias provenientes de la enajenación de acciones representativas del capital de sociedades constituidas en Perú obtenidas por fondos de pensiones reconocidos de Chile, México y Colombia, realizada a través de una bolsa de valores que forme parte del MILA, será exigible que los referidos fondos presenten ante la ICLV el certificado de residencia emitido por la administración tributaria de su respectivo país que acredite su domicilio fiscal en este, aun cuando el fondo de pensiones acredite que forma parte del sistema previsional de su país de origen bajo la normativa regulatoria aplicable.

3. Las disposiciones establecidas en el artículo 6 de la Convención, así como las previstas en el artículo 6 del Protocolo con Colombia, no son aplicables a la enajenación de acciones de inversión emitidas por empresas peruanas listadas y negociadas en mecanismos centralizados de negociación.

Notas

  1. Publicada el 6.1.2003. ↩
  2. Publicado el 17.1.2003. ↩
  3. Ratificado mediante decreto supremo n.º 006-2003-RE, publicado el 17.1.2003. ↩
  4. Publicada el 28.12.2013. ↩
  5. Publicado el 17.1.2024. ↩
  6. Publicada el 5.10.2022. ↩
  7. Publicado el 22.10.2022. ↩
  8. Cabe indicar que los artículos 3 y 4 de los CDI que Perú tiene suscritos con Chile y México, que definen los términos "persona" y "residente de un Estado Contratante", respectivamente, no comprendían en dichas definiciones a los fondos de pensiones reconocidos de un Estado contratante. ↩
  9. Agrega el párrafo 2 del referido artículo que, a efectos de lo antes dispuesto, una sociedad es "residente de un Estado que es Parte de la Convención", cuando se considere residente de ese Estado de conformidad con la legislación de ese Estado. ↩
  10. Los cuales establecen las alícuotas del impuesto a la renta aplicables a las personas naturalesy sucesiones indivisas no domiciliadas en el país, así como a las personas jurídicas no domiciliadas en el país, a las que están sujetas por sus rentas de fuente peruana, respectivamente. ↩
  11. Por tratarse de entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior (criterio que concuerda con lo opinado por el Ministerio de Economía y Finanzas en las páginas 4 y 5 del informe n.° 0019-2020-EF/61.04 de fecha 20.8.2020). ↩
  12. Que establece la obligación de requerir la presentación del certificado de residencia para aplicar los convenios para evitar la doble imposición y regula la emisión de los certificados de residencia en el Perú, publicado el 4.7.2008. ↩
  13. Agrega el indicado artículo, en su sexto párrafo que, si el sujeto residente del otro Estado no presenta el certificado de residencia al momento de la retención, el agente de retención deberá efectuarla sin considerar los beneficios contemplados en el CDI, y que, en este supuesto, el sujeto residente de ese otro Estado podrá solicitar ante la SUNAT la devolución de los impuestos retenidos indebidamente o en exceso, teniendo en cuenta las disposiciones allí señaladas. ↩
  14. Ello de acuerdo a lo indicado por el MEF en el informe n.° 204-2019-EF/61.01 (pág. 11), a efectos de evitar cualquier discusión respecto a si los fondos de pensiones reconocidos califican como “persona” para propósito de los Convenios Cubiertos en la Convención se establece ello de forma expresa. ↩
  15. Mediante el cual, el referido ministerio informa sobre las negociaciones vinculadas a la Convención. ↩
  16. Citado en la exposición de motivos del decreto supremo n.º 050-2022-RE, que ratifica la Convención. ↩
  17. Así, por ejemplo, en el caso del Perú, el artículo 18-C de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones señala que los fondos administrados por una Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) constituyen un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la AFP. A su vez, el artículo 76 de la referida ley prevé que, entre otros, las ganancias de capital percibidas por los fondos de pensiones se encuentran inafectos del impuesto a la renta. ↩
  18. Mencionado en el informe (DGT) n.º 034-2019 de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y citado en la Exposición de Motivos del Decreto supremo n.º 050-2022-RE. ↩
  19. Estados Contratantes. ↩
  20. A mayor abundamiento, el párrafo 48 del citado informe (DGT) n.º 034-2019 precisa que “ (…) la Convención busca realizar una enmienda transversal en varios tratados, específicamente calificados como Convenios Cubiertos”, siendo que, conforme se señala en su párrafo 47, “la Enmienda constituye una alteración formal de las cláusulas de un tratado, la cual se efectúa conforme a las reglas previstas por el propio tratado para tal efecto o siguiendo las mismas formalidades que tuvo dicho instrumento para su celebración”. ↩
  21. Ello considerando que no existe un CDI suscrito entre Perú y Colombia. Sobre el particular, es pertinente mencionar que, si bien Perú y Colombia son suscriptores de la Decisión 578, de acuerdo con lo opinado por el MEF en el informe n.° 204-2019-EF/61.01, dicha decisión tiene la naturaleza de una norma comunitaria y no de un tratado (páginas 3 y 4). ↩
  22. Ley n.º 26887, publicada el 9.12.1997 y normas modificatorias (en adelante, la LGS). ↩
  23. Así, por ejemplo, el artículo 51 de la LGS prevé que, en la sociedad anónima, el capital está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de los accionistas. ↩
  24. Publicada el 30.12.1998. ↩
  25. Que regula la participación en la utilidad, gestión y propiedad de los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades generadoras derentas de tercera categoría y que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, publicado el 7.10.1991 y normas modificatorias. ↩
  26. Distribución que está definida en el artículo 3 de la Ley n.º 27028, como un derecho patrimonial otorgado a los titulares de las acciones de inversión y se efectuará de acuerdo al valor nominal de las mismas. Este derecho será ejercido hasta que las empresas respectivas convengan la redención de las acciones de inversión con los titulares de las mismas. ↩
  27. Publicada el 23.5.2006. ↩
  28. Agrega que, para los efectos de esta ley, bajo el término acción se incluyen las participaciones sociales que representan el capital social de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada que, por cualquier razón, hubieran emitido acciones de inversión. ↩
  29. Remitido a esta Superintendencia Nacional mediante el oficio n.º 3464-2024-SMV/14 del 9.8.2024. ↩
  30. Al conferir a sus titulares derechos patrimoniales, tales como participar en el patrimonio y dividendos de la empresa. Además, fueron emitidos de manera masiva, se encuentran incorporados en títulos, y están sujetos a un régimen de transmisión (como señala la SMV en el informe n.º 1033-2024-SMV/06). suscritos entre los estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. ↩

Fuente: SUNAT · documento oficial (PDF).

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